Rupert Knox-
investigador de Amnistía Internacional sobre México 08/02/2013
Hace menos
de una semana, seis turistas españolas fueron violadas mientras se encontraban
de vacaciones en Acapulco, un enclave turístico del estado de Guerrero, al sur
de México. La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la agresión y al
principio parecía que las autoridades locales ponían su empeño en quitarle
importancia a la noticia y mostraban más interés en proteger la imagen de
Acapulco como destino turístico.
Sin embargo,
a medida que la indignación de la opinión pública crecía, y presionadas por las
autoridades españolas, México prometió llevar a cabo una investigación
completa. Para quienes hacemos un seguimiento de lo que sucede en esta parte
del mundo, la noticia de este terrible delito apenas nos sorprendió. Y es que a
lo largo y ancho de México miles de mujeres y niñas sufren cada año violencia
sexual.
Según información presentada en 2012 por
Amnistía Internacional ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación
cada año en México.
Las cifras, basadas en datos recogidos en
2009, muestran asimismo que ese año se produjeron únicamente 2.795 condenas.
Estudios nacionales señalan también que sólo una quinta parte de las mujeres
denuncian la violación debido a que no confían en el sistema de justicia y
tienen miedo –es probable que la magnitud real de la violencia sexual sea mucho
mayor–.
Por otro lado, la información oficial sobre
niveles de violación y enjuiciamiento es extremadamente escasa. El único elemento que tienen en común la mayor
parte de estas historias tan tremendas es que los autores casi nunca responden
ante la justicia.
Si se les pregunta, las autoridades mexicanas
harán referencia probablemente a las diversas medidas de importancia que han
adoptado para proteger a las mujeres frente a la violencia, entre ellas la
aprobación de una ley, de ámbito federal y estatal, “de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia”.
No obstante, pese a algunos avances positivos,
la violencia de género sigue siendo generalizada en México. Tanto las
autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora
de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de la nueva
legislación, lo que ha permitido que la impunidad subsista.
Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de
Guerrero, conocen de primera mano lo que es la ausencia de justicia.
Rueda de
prensa con la organización Frente De Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Centro Pro Derechos Humanos en la Ciudad de México para pedir justicia para las
mujeres de Atenco, 3 de mayo de 2011. © Amnistía Internacional México
Las dos
fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas en 2002 y, tras muchos años
de silencio durante los cuales su caso acabó perdido en el entramado de la
justicia militar, finalmente ganaron el derecho a que su causa fuera
transferida a la jurisdicción civil.Esto significa que tanto Inés como Valentina tienen más posibilidades de que se imparta justicia –aunque el hecho cierto es que no es infrecuente que el sistema de justicia civil no llame a los autores a rendir cuentas. En el norte de México, cientos de mujeres han sido asesinadas o simplemente han desaparecido desde 1993.
El pasado
mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad
Juárez, una ciudad próxima a la frontera estadounidense, celebraron una marcha
para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y
lleven a los responsables ante la justicia. Las organizaciones de mujeres de
otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares
de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia.
Tampoco pueden utilizarse los elevados índices
de violencia delictiva general que registra México como excusa para pasar por
alto y restar importancia a lo que les está sucediendo a las mujeres en todo el
país. Las autoridades federales y estatales simplemente no han elaborado ni
aplicado medidas para abordar e impedir estos delitos.
Ya es hora de que el gobierno haga caso a las
demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y
de otros actores que trabajan en esta materia que piden dejar de hablar sobre
cómo evitar la violencia contra las mujeres y empezar a actuar.Necesitamos medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas. Además, las autoridades mexicanas tienen una deuda con las mujeres: realizar un esfuerzo continuado destinado a poner fin a la violencia y apoyar a las supervivientes de abusos sexuales.
Es muy fuerte, lo leí el otro día y es alucinante lo que está pasando en México y en otros países, en Marruecos e India además, les obligan a casarse con los violadores o las repudian, es increíble como degradan a las mujeres y como la justicia las deja indefensas
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